Dado que no aceptamos que ningún partido político ni religión nos financien, pues queremos tener independencia, no contamos con dinero. Los viajes, las llamadas, el permanecer en Bs As para nosotros es muy costoso y dependemos de la buena voluntad de los amigos. Ellos nos sugirieron que abriéramos una cuenta en un banco para que los que quisieran depositaran en ella.
La cuenta de ahorro está en el Banco Nación de la ciudad de Buenos Aires y su número es 0009/6970173456. Está a nombre de Félix Diaz y el CBU es 0110697430069701734565. ¡Muchas gracias!

sábado, 22 de agosto de 2009

La Lucha por nuestro Territorio


Con el objeto de explicar la sistemática violación que sufrimos en nuestro territorio, creemos necesario hacer una breve síntesis histórica de la formación de nuestra comunidad.

Históricamente los
qom fuimos un pueblo nómade de bandas de cazadores-recolectores. Nuestro territorio era sumamente amplio, no existían alambrados ni límites nacionales. En nuestros recorridos nos desplazábamos en ambas márgenes del Río Pilcomayo que divide a los actuales Estados Nación de Argentina y Paraguay.
A partir de la conquista y colonización de nuestro territorio fuimos paulatinamente desplazados y acorralados.
Nuestras tierras tradicionales que se encuentran al este de la provincia de Formosa se caracterizan por ser muy fértiles y por ello hemos sido presionados permanentemente por concesionarios, colonos, el Parques Nacionales y, actualmente, por grandes productores agrícolas, “pools de siembra” y por el propio gobierno provincial.

Frente a la presión y mal trato que recibíamos nuestro cacique Trifón Sanabria en 1939 decidió viajar a Buenos Aires para solicitar que se nos reconociera como habitantes originarios de la zona. Como respuesta a nuestro pedido el gobierno nacional firmó en 1940 un decreto n° 80.513, por el cual, según se nos dijo, nos fueron reconocidas sólo 5000 hectáreas para ser ocupadas como reserva, leguas A y B de la sección III, de la Colonia Laguna Blanca, si bien nunca tuvimos acceso al decreto nacional.

En 1952 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nacional N° 3297 (del 18/02/1952) que -haciendo referencia a aquel decreto de 1940- convirtió a la Reserva La Primavera en “Colonia”, quedando ésta bajo jurisdicción de la Dirección de Protección del Aborigen. En esta norma se plantea que la verdadera superficie de dicha tierra se establecerá al aprobarse la mensura correspondiente, mencionándose textualmente las mismas leguas y sección estipuladas en el decreto anterior.

En 1963 se firmó un decreto provincial, n° 1363 dossier 10.385/63, en el cual se hace referencia a que la colonia posee una superficie total de 5107 hectáreas.

En 1984 en Formosa se sancionó la Ley provincial del Aborigen Nº 426 mediante la cual se estableció devolvernos
parte de nuestras tierras, pero sólo si nos constituíamos como Asociaciones Civiles con personería jurídica, dicha exigencia ha constituido una traba burocrática para gozar de nuestros derechos. Mediante la misma ley provincial se creó el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) cuyo Directorio está conformado por un presidente elegido por el gobernador y tres directores elegidos por cada etnía de la provincia, qom, wichí y pilagá. A través de su presidente, lamentablemente, el ICA ha funcionado siempre como brazo político del estado provincial y jamás ha defendido los intereses de los pueblos originarios de Formosa.

El 5 de octubre de 1985 el gobierno provincial transfirió a la “Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera”, con personería jurídica mediante disposición n° 113 de fecha 02/10/85 tan sólo 5.187 has. 81 as. 53 cas y 0,395 cm2.



El valor que para nosotros posee nuestro territorio es cultural, espiritual y de subsistencia, valores que jamás han sido respetados. Sin embargo, en la actualidad
reclamamos con urgencia el reconocimiento de nuestro territorio ancestral por motivos vitales de supervivencia.

Frente al crecimiento demográfico de la comunidad, el territorio que nos fue transferido en 1985 nos resulta insuficiente para que las más de 800 familias toba que allí habitamos logremos sobrevivir. Necesitamos poder continuar con nuestras actividades históricas de caza, pesca y recolección, entre otras razones de índole cultural, porque en la actualidad sólo con estas actividades nos es permitido alimentarnos pero el territorio que nos han asignado nos resulta insuficiente para ello. Además, los recursos naturales constituyen la materia prima con la cual elaboramos nuestras casas, medicinas y artesanías.

En total negación a las necesidades que acabamos de describir, diariamente nos enfrentamos al avance y ocupación de nuestro territorio por parte de familias criollas, del Parque Nacional Río Pilcomayo y de la Universidad Nacional de Formosa, con total apoyo del gobierno de Formosa y sin que el Estado argentino tome medidas al respecto para garantizar nuestros derechos.

Entre las familias criollas que avanzan sobre nuestras tierras, se destaca la familia Celía. En octubre del 2008, hemos intentado remarcar nuestro territorio para evitar el avance de esta familia que ya se encuentra dentro de nuestro territorio. Ante nuestro trabajo de remarcación se presentó la policía y nuestro lider Félix Diaz fue llevado a la comisaría de Laguna Blanca. Allí fue obligado a firmar, a cambio de su libertad, un acta por el cual debía reconocer que las tierras que reclamamos pertenecen en propiedad a la familia Celía, a su vez, se le obligó a desistir de nuestros derechos ancestrales.

Por otra parte, las autoridades han entregado a la comunidad la resolución Nro 110707 del Administrador General Interino del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales de Formosa, Ing. M. Rodríguez, mediante la cual determina, sobre el territorio en disputa, por un lado, que 2.042 hectáreas se subdividan en partes iguales entre los criollos sucesores de Rosario y Ángel Celía y, por el otro, que se entreguen 609 hectáreas a la
Universidad Nacional de Formosa, la cual para nuestra preocupación ya ha comenzado la construcción de su sede en nuestro territorio. Por la falta de asesoramiento jurídico no hemos podido lograr presentar un recurso de amparo para detener dicha obra.



El 11 de junio junto a funcionarios de APN y de INAI hemos recorrido el territorio donde se está instalando el Instituto Universitario Agropecuario. Allí el gobierno provincial ha instalado un mangrullo con una bandera argentina para detectar e impedir el ingreso nuestro a la zona. Cuando ingresamos junto a dichos funcionarios al lugar la policía se presentó muy nerviosa por nuestra presencia pero nada ocurrió pues estábamos junto a funcionarios nacionales. De todas formas inmediatamente llamaron al comisario y subcomisario de Laguna Blanca quienes también vinieron a preguntarnos qué hacíamos allí. Ojalá que cuando los necesitemos por algún caso grave acudan con la misma velocidad.







Con el objetivo de solicitar la nulidad de dichas resoluciones un representante de la comunidad ha interpuesto un recurso de amparo ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Clorinda en la provincia de Formosa el 20 de octubre. Pero no hemos obtenido respuesta alguna.

Como parte de este conflicto territorial también surge la constante amenaza policial de desalojar a 9 familias toba que viven históricamente allí, incluso se efectivizó el desalojo de la familia Cantón en el año 2006. Además, hay mucha policía instalada en la zona.

El otro reclamo territorial que sostenemos es ante la A
dministración de Parques Nacionales (APN) para que se reconozcan nuestros derechos ancestrales sobre parte del territorio y de la Laguna Blanca que hoy figuran dentro del Parque Nacional Río Pilcomayo. Si bien, como ya se explicó anteriormente, nosotros hemos ocupado, poseído y hecho uso continuo del territorio dicha Administración nos niega nuestros derechos.

El Parque fue creado a través de la ley Nº 14.073 -sancionada el 17 de Octubre de 1951-, contando a partir de ello con una superficie aproximada de 285.000 has. Años después, en 1968, por ley 17.915 se redujeron los límites del área protegida excluyendo unas 215.000 has, manteniéndose –según el texto que acompañaba el proyecto de ley– unas 60.000 Has. de su sector Noroeste.

Por encargo del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia de Formosa, el agrimensor Catalino Saavedra realizó en 1979 el plano de mensura de la Colonia La Primavera, el cual fue registrado ante la Dirección Provincial de Catastro. Dicha mensura fue aprobada por Decreto Provincial 1282/80, pero
no fue reconocida por la APN por existir una superposición de mensuras.

También queremos denunciar que frente a la necesidad de
continuar con nuestras históricas actividades de caza, pesca y recolección en dicho territorio hemos recibido un constante maltrato por parte del personal del Parque. En el acta de la Asamblea del 30 de mayo del 2007 ante el Director de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, de la Lic. Cristina Armata quien es miembro del directorio del APN y de autoridades del ICA, las personas agredidas por estar pescando dieron su testimonio. Las mismas fueron despojadas de sus instrumentos de pesca como de su ropa la cual fue posteriormente quemada.




Ante la superposición existente entre decretos nacionales, leyes y mensuras realizadas por la Administración de Parques y por la provincia de Formosa y ante nuestro reclamo, entre 2007 y 2008, tanto el intendente del Parque Río Pilcomayo como la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas de la APN presentaron informes a las autoridades de dicha Administración describiendo el conflicto y sugiriendo implementar la figura del comanejo.

En 2009 el Director Nacional del área de Comunidades, Lic. Bruno Carpineti se presentó en la comunidad y prometió destrabar el conflicto dado que las autoridades de APN habían manifestado su buena voluntad de reconocer los derechos qom sobre su territorio. En dicha Asamblea prometió regresar al mes con un bosceto del anteproyecto de ley que presentarían ante el Congreso, previo acuerdo con la comunidad.

Pero en su segundo viaje el Lic Carpineti trajo una resolución muy amplia del directorio de APN, en la cual se hace referencia sólo al decreto de 1940 sin reconocer los derechos indígenas sobre el territorio que figura en nuestro título (el cual incluye gran parte de la laguna Blanca y un sector de territorio del otro lado de dicha laguna). Si bien el funcionario invitó a que la comunidad eligiera a algunos delegados para seguir trabajando en la propuesta en Buenos Aires, la comunidad decidió no avanzar en dicha negociación si no se reconoce el título otorgado en 1985 y además hasta no contar con un
abogado que nos asesore.
















Finalmente, denunciamos el incumplimiento de la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17 que versa:

“...
reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.”

Y de la
Ley 26160 de emergencia de la propiedad indígena que dice:

“Declárese la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.” Sancionada: Noviembre 1 de 2006-Promulgada: Noviembre 23 de 2006

Entre los puntos mas relevantes de la normativa citada la misma manda en primer lugar a detener los desalojos por el plazo de 4 años. También
ordena la realización de un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras y territorios indígenas que debía realizarse en el plazo de 4 años. Los plazos para el relevamiento vencen a fines del 2009.

En la Provincia de Formosa y más específicamente en lo que se refiere a nuestra comunidad la ley no se cumple.

El Órgano de aplicación de la Ley 26160 es el INAI (dependiente del Ministerio de Desarrollo de acción Social de la Nación).

Este año, 2009, luego de haber viajado a Buenos Aires reclamándole a los funcionarios del INAI que se ocuparan de nuestros problemas, hemos logrado la visita de varios funcionarios.

Para el mes de mayo vinieron a La Primavera dos abogados del INAI, Dr. Hernán Prego y Dra. Ana Olivera y la abogada del INADI Mariela Flores. Oyeron los testimonios de los ancianos y nuestros reclamos pero no hubo ninguna resolución sobre el tema territorial ni nos presentaron un informe.







El 27 de mayo la Lic Lucía Battaglia viajó a Formosa capital y convocó a una reunión con el Ministro de la Comunidad de Formosa Alberto Zorrilla, Karina Alegre (técnica del INAI), el coordinador general de ENDEPA Ponciano Acosta, el presidente del ICA, el cacique y el presidente de la Asociación Civil de La Primavera, Félix Diaz y algunos otros miembros de la comunidad. Expusimos todas nuestras problemáticas ante los funcionarios nacionales y provinciales.
Allí quedó en evidencia una vez más la falta de voluntad de resolver el problema de territorio. El Ministro se comprometió que en 15 días tomaría acciones sobre las diversas problemáticas que nos aquejan. Tampoco hubo ninguna solución.




La Lic Battaglia es la encargada del CPI (Consejo de Participación Indígena), le hemos solicitado innumerables veces que gestione la conformación del CPI de Formosa para poder concretar el relevamiento territorial de nuestras tierras sin embargo al igual que el resto de los funcionarios nacionales nos dicen que dado que el gobierno de Formosa no colabora ellos nada pueden hacer pues respetan la autonomía provincial.

Luego el viernes 12 de junio vino a la comunidad la funcionaria del INAI, Lic Inés Quillici junto con los técnicos provinciales de dicha institución, Karina Alegre y Joaquín Scoffiel.

Quillici dijo que venía en nombre de la Directora de Desarrollo Social del INAI, Vilma Mores.




Esta funcionaria se comprometió en hacer cumplir, y repitió varias veces, los siguientes 4 puntos:

1) Asesorarse con un abogado para encontrar solución a la elección fraudulenta del presidente de la Asociación Civil.

2) Pedir al Director del Área de Tierras Tony Dellelce realizar una capacitación sobre la importancia de la personería jurídica

3) Inaugurar el CIC (Centro Integral Comunitario) para que allí funcione un equipo de salud con movilidad y personal indígena. Dar trabajo a los agentes sanitarios y enfermeros de la comunidad.

4) Hablar con gente del IPAF (Instituto Provincial de Agricultura Familiar) para encontrar junto a la comunidad el mejor sistema de provisión de agua potable.

Dijo que en julio volvería con respuestas sobre esos puntos y que "esto es sólo el comienzo".

Lamentablemente hasta ahora, agosto 09, sólo hemos tenido una reunión con los técnicos del IPAF sobre la problemática del agua pero nada se ha realizado en concreto.

Hemos presentado nuestros reclamos en muchas otras instituciones provinciales y nacionales (DDHH, Defensor del Pueblo, Defensoría de la Nación, INADI, Congreso Nacional, entre otras) pero siempre recibimos promesas pero ninguna solución. Por ejemplo, a comienzo del año presentamos una denuncia ante el INADI para que expidan un dictamen en contra del trato discriminante que recibimos en la provincia pero hasta la actualidad nos dicen que "está por salir".

También presentamos una denuncia ante la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial siguiendo el consejo del Lic Flavio Rapisardi quien nos alentó a escribirla y presentarla en el INADI, entidad responsable de elevarla al CERD. Nuevamente, la respuesta que seguimos recibiendo es que "el área de legales está estudiando la denuncia para luego elevarla".

Nuestro derecho de acceso a la tierra es fundamental para acceder a otros derechos humanos como la vivienda digna, la alimentación adecuada y por sobre todas las cosas sin tierra no hay posibilidades de supervivencia para nuestra comunidad.

Como nadie solventa los gastos que ocasionan nuestros innumerables viajes a la ciudad de Formosa y a Buenos Aires, pues no aceptamos depender de ninguna organización ni partido, nos resulta sumamente difícil sostener esta lucha.
No obstante, seguimos más fuertes que nunca y actualmente estamos avanzando en la articulación con el resto de líderes indígenas no sólo de la provincia de Formosa sino del resto del país.

(Todas las reuniones con los funcionarios han sido grabadas, fotografiadas y filmadas.)

viernes, 21 de agosto de 2009

Violación de nuestro derecho de autodeterminación

Existe una preocupación de larga data en nuestra colonia debido a que la Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera, cuya finalidad fuera recibir en propiedad las tierras fiscales adjudicadas por la provincia de Formosa en 1985, desde su creación y hasta la actualidad no se ha reunido en Asambleas ni renovado sus autoridades. Si bien el artículo 2º del Estatuto Social de la asociación aclara que “su duración será por tiempo indeterminado” y el artículo 32º establece que “La asociación no se disolverá mientras existen miembros de la Comunidad dispuestos a sostenerla y preservar el cumplimiento del objeto de su creación”, el gran temor nuestro es que las tierras hayan quedado en manos del Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA) lo que en términos prácticos significaría quedar bajo el control del estado provincial.

La falta de asesoramiento legal, que según la Ley Integral del Aborigen nº 426 debería ser provisto por el ICA, y la manipulación de las instituciones por parte del gobierno provincial provocan un permanente temor sobre la actual situación legal de nuestro territorio.

Es fundamental agregar que los pasos burocráticos que se nos imponen, como ser la forma de asociación civil y la realización de balances financieros en nada responden a nuestras tradicionales formas de organizarnos.

Desde el 2005 en varias oportunidades se le ha solicitado al ICA e incluso al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la autorización para la celebración de una Asamblea con el fin de elegir al nuevo presidente y a la Comisión Directiva de la asociación, con el objetivo de regularizar la personería jurídica. La cantidad de trabas burocráticas que nos han presentado lograron, con gran eficacia, que nunca pudiéramos renovar la comisión directiva.

Sin embargo, en el 2008 logramos cumplimentar con los requisitos burocráticos que se nos exigieron. El ICA eligió como agente normalizador de la Asociación a un miembro del asentamiento para que actuara como veedor durante los comicios (resolución 065/08). Dicho agente fijó el 18 de junio como fecha para convocar la Asamblea (nota del 02/05/08).

En la Asamblea del 18 de junio del 2008 elegimos la nómina de la Comisión Directiva de la colonia con certificación del oficial inspector de la policía de Formosa.

No obstante, el día de la Asamblea no sólo no se presentaron las autoridades del ICA, ni el agente normalizador, ni la policía, sino que tampoco se notificó la suspensión del acto eleccionario.

Previendo semejante estrategia habíamos invitado para que actuaran como veedores a miembros de las siguientes organizaciones y entes nacionales: Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Consejo Asesor de Pueblos Indígenas (CAPI), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y Escuela de Ciudadanía “Oscar Ortiz”. Dichos veedores firmaron el acta y tomaron fotos y videos del acto



Las trescientas sesenta personas que asistieron a la Asamblea (85,71 % del padrón electoral), decidieron continuar con la elección amparados en el derecho de autodeterminación. Trescientas cuarenta y cinco personas (el 95,83 % de los votos) eligieron como presidente de la Asociación Civil La Primavera al señor Félix Diaz.


A pesar de ello, el agente normalizador presentó ante la Inspección General de Personas Jurídicas de Formosa la impugnación del acto eleccionario argumentando las siguientes dos razones: en primer lugar que había dispuesto la suspensión del acto comicial debido a que no había contado con el tiempo suficiente para obtener la documentación exigida para celebrar los comicios y, en segundo lugar, que dicho acto se había celebrado sin su presencia contraviniendo la reglamentación (expte Letra: “A” Nº 209/08).

El día 22 de junio la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas, Silvia Tarantini, mediante la Disposición Nº 605/2008, dispuso dejar sin efecto el acto Asambleario y Eleccionario y “APERCIBIR, a las personas de la Comunidad Aborigen La Primavera que han resuelto realizar el acto eleccionario del día 18 de junio del 2008, conforme a las documentaciones obrante en el expediente, sin la adecuada autorización de este Organismo de contralor”.

Finalmente, sin que la comunidad fuera informada, el 26 de junio se realizó una nueva Asamblea presentándose todas las autoridades necesarias para que dicho acto cobrara legalidad. Fue así cómo se eligió a un nuevo presidente de la Asociación y a un grupo de dirigentes aborígenes que responden al gobernador formoseño.

Más allá que, acompañados por una abogada de ENDEPA, el 5 de agosto interpusimos un Recurso de Reconsideración (expte. Letra “L”, Nº 40793 año 2008), la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas, a través de la Disposición Nº 827/08 del 3 de septiembre, no hizo lugar a nuestro Recurso de Reconsideración y dejó sin efecto nuestro acto asambleario y eleccionario por el cual fui electo presidente de La Primavera.

El 19 de agosto el secretario de nuestra Comisión Directiva, el Sr. Martín Díaz, en representación de la comunidad (Expte. L, 44225/08) presentó ante el Ministro de Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa un reclamo por las resoluciones tomadas por la Inspección General de Personas Jurídicas que depende de dicho ministerio, solicitando su intervención en los sucesos, sin embargo no obtuvimos respuesta alguna.

Hacia finales del 2008 nuestra comunidad celebró una nueva Asamblea en la cual se confirmó la decisión tomada en el mes de junio de designarme como su representante legítimo.

En abril del 2009 la comunidad se enteró que la Inspección General de Personas Jurídica reconoció, el día 18 de septiembre mediante la Disposición nro 872/08, como miembros de la comisión directiva de la asociación civil a las personas electas por la Asamblea del 26/09/08 que organizó el gobierno provincial.

Ante la impotencia que sentimos, citamos textualmente lo que el Director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, el señor Roberto Ñancucheo, expresó técnicamente sobre nuestra situación pues consideramos que logra describir la discriminación que se está cometiendo con nosotros:

“Para esta Dirección, el derecho a la personería jurídica es un derecho reconocido constitucionalmente hace 18 años en la cual reafirma que esta debe ser "RECONOCIDA" y no "otorgada" teniendo los registros carácter DECLARATIVO y no constitutivo de la misma. La personalidad de las comunidades indígenas no puede depender de un acto administrativo del estado. Por lo contrario, debido a la preexistencia de los pueblos indígenas (art. 75 inc 17 CN), se trata de una realidad jurídica anterior al Estado que éste debe respetar. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la O.N.U con el voto favorable de 143 países (incluida la Argentina) establece, en sus artículos 18 y 19 el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar sus instituciones representativas mediante sus propios procedimientos y el deber de los Estados de consultar y cooperar con dichos pueblos a través de aquellas instituciones.

Entendemos que debe tenerse en cuenta, que la imposición a las Comunidades indígenas de formas asociativas de un derecho ajeno a su cultura, como el de las asociaciones civiles, sociedades de fomento rural, ocasiona una paulatina destrucción de las pautas culturales propias, induciendo a la asimilación forzada de instituciones extrañas que nada tiene que ver con sus representaciones indígenas. Esto deviene en que la exigencia de formas asociativas ajenas a la institucionalidad indígena que trata a los sujetos de derechos como "socios" acarrea otras trabas para la organización propia, como la carga de llevar libros, cumplimentar balances y una larga lista de requisitos de cumplimiento imposible, teniendo en cuenta la realidad de los pueblos y en particular de las Comunidades. Contribuye a la falta de legitimación para presentar reclamos y la falta de acceso a la justicia de manera colectiva, vulnerando en especial los derechos territoriales y el manejo de sus recursos naturales.

La ley del aborigen de Formosa Nº 426 fue superada en mucho de sus términos por los avances normativos de la constitución Nacional artículo 75 inciso 17 y 22, y la entrada en vigencia del convenio 169 de la O.I.T”.

Para defendernos de la manipulación política del gobierno de Formosa, hemos reclamado en diversas entidades nacionales y logramos que algunas se pronunciaran a favor de nuestro derecho a la autodeterminación de nuestras autoridades. No obstante, más allá de estas expresiones de apoyo el Estado nacional no ha intervenido para que se hiciera justicia.

Ya ha pasado más de un año de la brutal violación a nuestro derecho de autodeterminación y sin embargo ningún funcionario hizo nada. Hemos denunciado la situación a los funcionarios del INAI, Dellelce, Canet, Prego, Quillici, Mores, entre otros, incluso al presidente de la institución el lic. Pascual pero la respuesta siempre es la misma: no pueden hacer nada con respecto a la provincia de Formosa.

Nos preguntamos para qué existen los funcionarios nacionales si, según sus propias palabras, no pueden intervenir en los atropellos que ocurren en las provincias.

Control político

En Formosa el gobierno provincial ejerce su control sobre todas las instituciones y las personas, no sólo sobre nosotros los indígenas. No obstante, a nosotros es a quienes más nos cuesta evitar dicha manipulación pues somos la población más desatendida del país.
El gobernador maneja directamente al Directorio del ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) y a los administradores de cada colonia, resultando infructuoso cualquier requerimiento que le hagamos a dicha institución que, según la ley provincial 426, es la encargada de defender nuestros intereses. Por ejemplo, sólo aquellos indígenas que responden al gobernador y cuyos nombres, por lo tanto, se encuentran inscriptos en unas planillas denominadas “de adherentes”, son los indígenas que al momento de necesitar que sus tierras sean aradas o de requerir semillas recibirán de parte del ICA dichos servicios, al resto se nos niegan dichos medios de producción tan necesarios para nuestra subsistencia.

Otro manejo político oficial es el de subdividir nuestra colonia en tres jurisdicciones para evitar que nos unamos y propongamos un candidato indígena. Debido a ello, el día de las elecciones debemos caminar kilómetros hasta llegar a los lugares que nos asignaron para votar.

El manejo que todos los candidatos, oficialistas y no oficialistas, realizan días previos a las elecciones es conocido en todo el país pues el Multimedios Clarín ha realizado una extensa investigación denominada “Los incorregibles” y ha emitido en su canal de televisión abierta tres informes que abarcan tres elecciones distintas, 2003, 2005 y 2007 y 2009. Dicho Multimedia ha ganado premios por su investigación.

El procedimiento es el siguiente, los candidatos se acercan a nuestra comunidad y nos ofrecen dinero o comida a cambio de que les entreguemos el documento de identidad. Muchas familias frente a su gran necesidad acceden, y el día de la elección son conducidos en camiones hasta la casa del candidato o al comité del partido, allí se le devuelve el documento y se le entrega la boleta que deberá sufragar. La gente que trabaja para el candidato amenaza a mi gente de que hay cámaras ocultas que registrarán si no cumplen con el trato y los acompañan hasta la puerta del cuarto oscuro.

Nuestro legítimo lider, Félix Diaz, ha presentado una acción de amparo electoral ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Formosa para solicitar la restitución de los documentos de identidad sustraídos, como respuesta ha sufrido la muerte de un caballo dentro de mi terreno y amenazas en mi celular.

La impunidad que existe en la provincia de Formosa es total debido a que los funcionarios públicos actúan y responden a los pedidos del gobernador.

Presión policial y falta de acceso a la justicia

Ante los atropellos que sufrimos cotidianamente, la falta de asistencia legal y nuestro desconocimiento jurídico-burocrático nos impide realizar las denuncias pertinentes.

Debido a la falta de conocimiento jurídico, tal como describí anteriormente se me obligó a firmar un acta en la comisaría contra mi voluntad.

Dicha situación se agrava ante el permanente asedio de la policía en nuestro territorio। Frente a cualquier situación se hace presente la policía y nos atemoriza। Ejemplo de ello fue el episodio en relación al reclamo de las tierras donde se encuentra instalada la familia Celía। Al disponernos a delimitar nuestro territorio se hicieron presentes cientos de efectivos policiales armados que se apostaron dentro de nuestro territorio.



Cuando solicitamos que nos dieran el nombre del juez que interviene o algún documento por escrito que autorizara su presencia en nuestra colonia nos ignoraron.
























Actualmente, muchos policías se encuentran en nuestro territorio custodiando las máquinas topadoras que están trabajando para construir la sede de la Universidad en nuestro territorio.





Tanto la presencia policial como las amenazas anónimas a nuestros celulares son muy frecuentes, sin embargo estamos imposibilitados de solicitar asesoramiento legal.

El ICA y el INAI que deberían darnos asesoramiento legal no lo hacen, en estos momentos nos encontramos buscando algún abogado que quiera representarnos pero se trata de una tarea imposible pues nadie en Formosa se anima a enfrentar, verdaderamente, al gobierno provincial.

Subsistencia



Por la presión tanto del ejército argentino, como de colonos, funcionarios y empresas, a partir de la conquista y colonización hemos ido perdiendo la mayor parte de nuestro extenso territorio y por ende de nuestros recursos naturales. Como los alambres, tanto de las familias criollas como del Parque Nacional nos van acorralando, no podemos salir a “mariscar” (nuestra histórica actividad de cazar, pescar y recolectar) en cualquier zona de nuestro territorio y cada vez somos más en nuestras familias.


En la actualidad son pocas las posibilidades que tenemos para poder realizar alguna actividad productiva. De a poco fuimos aprendiendo a ser agricultores pero hoy en día se nos impide, por falta de medios tecnológicos, sembrar y cosechar. No contamos con herramientas ni con la posibilidad de comprar semillas, ni productos fitosanitarios. El ICA que es la institución responsable de facilitarnos esos medios, sólo beneficia a quienes pertenecen al partido oficial y el gobierno provincial no se hace cargo de los indígenas, sólo de los criollos.

De esta forma nos vemos obligados arrendar nuestros campos a empresarios poderosos que nos pagan precios usureros (200 $ la hectárea por año). Dichos empresarios cultivan algodón y soja transgénica: la multinacional Nidera es una de las empresas, dañando los nutrientes de nuestras fértiles tierras. Frente a la necesidad de mantener a nuestras familias debemos acceder a dichas transacciones. Como consecuencia, hoy estamos padeciendo las permanentes fumigaciones con glifosato que se realizan en nuestros campos. Uno de los guardaparques, el Sr. Mariano Lazaric, ha presentado una denuncia ante la comisaría de Laguna Blanca, el 1 de diciembre de 2008, por los efectos nocivos que produce dicho agrotóxico en la comunidad. Por nuestra parte, el 8 de enero de 2009 ,hemos elevado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el reclamo realizado por dicho guardaparque.



Otra consecuencia de la contaminación con esos agrotóxicos, es que no podemos seguir tomando las aguas de nuestros esteros y lagunas por estar pulverizadas con esos venenos. En el 2008 hemos padecido como nunca una sequía que aquejó al país. Mientras que los medios nacionales sólo se interesaron por las pérdidas de cultivos de la pampa, nosotros no teníamos agua para tomar. No contamos con red de agua potable y como ni los Municipios ni el gobierno provincial nos proveían de agua teníamos que caminar muchos kilómetros en su búsqueda. Es importante recordar que las temperaturas en Formosa llegan a superar los 45 grados centígrados en verano.


Frente a la dificultad para realizar nuestras actividades de subsistencia tradicionales y de contar con medios de producción, las alternativas que nos han dejado han sido muy pocas.

Una fue la migración forzada. A partir de fines de la década del ochenta algunos jóvenes emprendieron una larga migración hacia las grandes ciudades e incluso hacia el conurbano bonaerense. Actualmente, muchas de nuestras familias viven y trabajan en condiciones de hacinamiento y esclavitud en el partido de La Matanza de Buenos Aires añorando regresar a la colonia pero sin la posibilidad de hacerlo pues deben sustentar a sus familiares.

La otra alternativa es subsistir a base de los planes sociales y de las pensiones nacionales y provinciales por discapacidad, los cuales son administrados por funcionarios y políticos con criterio partidario. Es así cómo funciona el clientelismo político: la necesidad material conduce a la dependencia política.


Aquellos que nos negamos a participar en dichos mecanismos nos enfrentamos al límite de subsistencia familiar. Cabe recordar que según los datos oficiales del 2006 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Ciencia (INDEC), el 43.7 % de los formoseños vivimos bajo la línea de pobreza.

Educación

Si bien es nuestro derecho recibir una buena educación intercultural bilingüe, sin embargo el nivel de educación que reciben nuestros hijos es muy bajo. Muchos de nuestros hijos terminan la primaria sin saber hablar correctamente castellano. Para nosotros es sumamente importante que aprendan ese idioma para que en el futuro tengan oportunidades de desarrollarse como el resto de los niños criollos.
Sin embargo, son muy pocos los aborígenes que pueden ir al Colegio secundario de la localidad de Naineck, pues aquellos pocos que no tienen que quedarse trabajando para mantener a su familia tienen un muy mal nivel educativo. Los chicos egresan con bajo nivel de la primaria porque no reciben una buena educación y porque los maestros no los hacen repetir para que no se cierren aulas y ellos pierdan sus cargos.
Además los dos o tres maestros especiales de modalidad aborigen (MEMA) que hay no han recibido una formación seria y por ende cumplen roles de maestranza o de traductores. Por eso les resulta muy difícil a nuestros hijos aprender en las escuelas porque llegan a primer grado hablando sólo el qom y los maestros desconocen tanto el idioma como nuestra cultura.
Lamentablemente, algunas familias toba decidieron hablarles a sus hijos sólo en castellano para evitar que les resulte tan difícil luego su escolarización. Por ende ese es otro modo más en que se nos obliga a perder nuestras pautas culturales.



Viviendas

A la crisis sanitaria se le suman las precarias condiciones de nuestras viviendas. Las mismas no cuentan con ningún servicio básico (red de agua potable, gas, electricidad, cloacas) y sus materiales de construcción son el adobe, las palmas y la paja.
Dado que nuestra colonia se encuentra en una zona de espesa vegetación, dichas construcciones permiten el ingreso de insectos, como el mosquito Aedes aegypti (transmisor del dengue),  y de animales como las vinchucas y ratas que son vectores de enfermedades peligrosas.
El plan de construcción de viviendas que se inició en el 2007, el cuál benefició a algunas pocas familias, quedó totalmente parado, pues según las autoridades formoseñas no poseen los fondos para completarlas. La situación actual es que algunas familias, cuentan con las estructuras de las casas, otras sólo con los cimientos y la gran mayoría seguimos viviendo en nuestros humildes ranchos.
Es una situación común que el gobierno nacional gire fondos a la provincia para los más humildes pero que dicho dinero nunca llegue a nosotros.


Salud

La situación sanitaria en nuestra comunidad es sumamente crítica. Los más de 4000 miembros de La Primavera contamos con una sala de primeros auxilios la cual no posee los insumos necesarios para atender a la población.
La asistencia médica es muy deficiente. Por un lado, la atención de los profesionales que resuelven las consultas y otorgan asistencia alimentaria (leche) a los niños y embarazadas, no es constante. No cuentan con un espacio físico para tal fin, debiéndose realizar las consultas en un aula de la escuela 308 ya que el CIC (Centro Integral Comunitario) a pesar de estar terminada la construcción edilicia hace años, no está habilitado por parte de la provincia.



Otro de los temas que dificultan el acceso a la salud, es la escasa, y en algunos casos, nula respuesta ante las llamadas a las ambulancias. Hay casos concretos en los que, por haberse negado a trasladar a parturientas, éstas han debido movilizarse por sus propios medios en bicicleta hasta la unidad hospitalaria, resultando esta maniobra en la muerte del niño.

Lamentablemente en nuestra colonia padecemos enfermedades graves como la tuberculosis, el mal de Chagas, la desnutrición y el dengue, enfermedades que determinan directamente la dificultad para el correcto crecimiento de los niños.

No contamos con la adecuada asistencia. En muy pocos casos se nos realizan estudios complementarios para llegar a un diagnóstico seguro. En muchos de los casos, ante nuestros malestares, sólo nos recetan algún analgésico o en algún caso antibióticos debiendo afrontar económicamente estos insumos (es necesario tener en cuenta que nuestra situación económica es crítica, por lo que la adquisición de dichos insumos en muchos casos nos es imposible) a pesar de existir a nivel nacional planes que contemplen la asistencia medicamentosa (Plan Remediar).

Muchas de las enfermedades de las que somos víctimas están muy relacionadas con las condiciones estructurales de vivienda y la falta de red de agua potable.
Si bien la provincia hace más de 5 años instaló un par de tanques en la comunidad y algunas cañerías, esa infraestructura NUNCA funcionó y seguimos acarreando agua de los pozos que se encuentran en las escuelas.



La sojización de nuestro territorio también es otro problema de salud para nosotros. Problemas alérgicos tanto respiratorios como cutáneos y malformaciones son consecuencias de la utilización del glifosato. Estas patologías están relacionadas con la utilización de dicho herbicida según lo afirman estudios internacionales y nacionales como el caso de la investigación de Andrés Carrasco, profesor de embriología de la UBA, investigador del CONICET.

La discriminación que sufrimos en los hospitales por ser aborígenes es muy dolorosa. En muchas ocasiones el personal del hospital prioriza la atención a los criollos antes que a los aborígenes.

Bienvenidos al blog de la comunidad toba La Primavera

El asentamiento rural Colonia Aborigen La Primavera, cuya superficie, según escritura nro 468, es de 5187 hectáreas, se encuentra ubicado al este de la provincia de Formosa, a 45 kilómetros de la ciudad de Clorinda y a 174 kilómetros de la ciudad de Formosa, próximo a la frontera con la República de Paraguay. Si bien no existen censos serios, se calculan que en ella habitamos más de 800 familias. Los miembros de la colonia somos aborígenes toba, qom según nuestra lengua, y pertenecemos a la parcialidad takshek.






Si bien el título de propiedad comunitaria que nos entregó la provincia en 1985 incluye 5187 hectáreas nuestro territorio tradicional y actual es mucho más amplio.




A través de este blog queremos transmitir cuál es la situación actual en la que vivimos y en qué consiste nuestra lucha.